El Grupo de Sociología de la Infancia y la Adolescencia (GSIA) denuncia la precarización del sistema de justicia penal juvenil en España debido a los recortes presupuestarios, que afectan tanto a los profesionales como a los adolescentes en conflicto.

El pasado domingo 9 de marzo, aún sin habernos recuperado de la resaca mediática del 8M, irrumpía en los medios de comunicación la noticia del asesinato de una educadora de un piso de cumplimiento de medidas judiciales de menores de edad en Badajoz. Tras la cascada de artículos sobre el caso, desde Grupo de Sociología de la Infancia y la Adolescencia (GSIA) han lanzado un comunicado de prensa recordando que en España no hay un problema social con los adolescentes vinculados al sistema penal juvenil, pero sí existe una precarización importante en los medios dirigidos a la atención a la infancia y la adolescencia. «El sistema de justicia penal juvenil lleva sufriendo una continua reducción presupuestaria desde la crisis de 2008, que hoy día se mantiene. ¿Quiénes son los perjudicados de estos recortes? Económica y laboralmente las/os profesionales, por supuesto, pero fundamentalmente las personas destinatarias de estos recursos. Así, son los niños, niñas y adolescentes las personas más vulnerables y perjudicadas por los recortes en los medios por los que deben seratendidas», explican.

Si bien insisten en lamentar profundamente la muerte de una profesional de la atención social y rechazan cualquier acto de agresión dirigido a los profesionales que trabajan por la integración social de personas en conflicto, también consideran esencial insistir en la importancia de reflexionar sobre las circunstancias que han llevado a este trágico suceso, evitando el sensacionalismo que, lamentablemente, predomina en los medios de comunicación cuando se trata de este tipo de información. Porque las palabras importan. «Debería trasladarse un mensaje dirigido a generar una opinión pública que se aleje de las polarizaciones, el sensacionalismo y el simplismo en el tratamiento de tan trágica noticia».

Un sistema precario

El sistema de justicia penal juvenil está marcado por la precariedad de recursos y personal, lo que afecta no solo a los profesionales, sino también a los adolescentes que requieren apoyo. También destacan que los adolescentes en conflicto con la ley no son «criminales», sino personas que atraviesan situaciones familiares y sociales muy complejas. El modelo de justicia penal juvenil en España es no punitivo, y está basado en la educación y la reinserción, pero para que sea efectivo, se necesitan más recursos y personal especializado. Sin embargo, en muchos casos, los recortes y la falta de inversión dificultan el trabajo de reintegración social. Los medios de comunicación tienden a presentar a estos jóvenes como peligrosos, pero esto no refleja la realidad. Las cifras demuestran que, a pesar de los conflictos y problemas que ocurren, las consecuencias fatales son muy poco frecuentes.

El grupo recuerda que es esencial que se valore el trabajo de los profesionales que trabajan con estos jóvenes, y que se reconozcan los logros en cuanto a la reinserción social, los cuales, desgraciadamente, quedan opacados por tragedias como la ocurrida en Badajoz. Los adolescentes vinculados al sistema penal juvenil son, en su mayoría, personas en situaciones vulnerables que necesitan apoyo, no criminalización. Finalmente, esperan que este mensaje llegue y ayude a cambiar el enfoque en torno al sistema de justicia juvenil, para que se prioricen las políticas públicas que apuesten por la integración y el apoyo educativo, y no por el rechazo o la criminalización de los jóvenes en conflicto.

Se puede acceder al comunicado completo aquí.